Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa..

La Argentina y el Uruguay mantienen un conflicto debido a la instalación de una planta de producción de pasta de celulosa perteneciente a la empresa Botnia, ubicada en territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del Río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. Originalmente el conflicto incluyó también a una planta que la empresa española ENCE proyectaba construir en la misma zona, pero más tarde dicha empresa decidió trasladar su emprendimiento a Conchillas. Por su parte Botnia finalizó la construcción y puso en marcha la planta el 8 de noviembre de 2007.

La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay. Por su parte, Uruguay ha demandado a la Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa.

En 1961 se celebró entre Argentina y Uruguay el Tratado del Río Uruguay y en 1975 el Estatuto del Río Uruguay, donde, entre otras cosas, se manifiesta la voluntad de "establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay", donde "las Partes se obligan a: a) Proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas". Se establece asimismo que "la Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra Parte".

Durante las décadas de 1980 y 1990 Uruguay, con el apoyo del Banco Mundial, ha promovido y subsidiado fuertemente el desarrollo de la forestación con especies comerciales, principalmente pino y eucaliptus. Uruguay, una llanura con pocos árboles nativos (3% de su territorio) ha creado, hasta el año 2005, 800.000 ha de bosques de eucalipto, con el objetivo de llegar a mediano plazo a los 3 millones de hectáreas para dedicarse a la producción de pulpa de celulosa para la industria del papel.

La plantación de eucaliptus y la instalación de plantas de pulpa de celulosa es una estrategia productiva que se está generalizando en Sudamérica: “las plantaciones de eucaliptos y pinos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay representan el 40% de las 10 millones de ha de las plantaciones de árboles de rápido crecimiento existentes en el mundo”.

En el caso particular de Argentina, las plantaciones de eucaliptus se han concentrado en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, sobre todo esta última, alcanzando 220.000 ha entre ambas para el año 2005.Argentina cuenta con 10 plantas de celulosa de cierta envergadura y produce 0,8 millones de toneladas (2004). Los gobiernos provinciales de Corrientes y Entre Ríos, entre ellos el anterior mandato del actual gobernador entrerriano Jorge Pedro Busti llevaron adelante tratativas con empresas multinacionales de la celulosa para la instalación de plantas, desde la década del '80. Luego de la crisis económica avanzaron los proyectos de instalación en la provincia de Corrientes y Uruguay, mientras que Entre Ríos mantuvo una posición contraria.

En 2002, el gobierno uruguayo presidido por Jorge Batlle negoció con dos empresas multinacionales, la española y la finlandesa Botnia, la instalación de dos grandes plantas de celulosa (500.000 y 1.000.000 de toneladas respectivamente). El Proyecto de ENCE se denomina “Celulosa M’Bopicuá - CMB”, y el proyecto de Botnia se denomina “Orion”. Algunos analistas sostienen que se trata de la transformación productiva más importante de la historia uruguaya. A principios de 2006 la gigante empresa sueco-finlandesa ofreció instalar en la zona una tercera planta de celulosa de 1 millón de toneladas.

Botnia decidió construir su planta a orillas del caudaloso Río Uruguay, frontera internacional entre los países de Argentina y Uruguay, a 4 y 12 km respectivamente, río arriba de la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Stora Enso, por el contrario, propuso construir su planta sobre el Río Negro, interno de Uruguay. Por su parte ENCE, española, decidió hacerlo en Conchillas, más al Sur y ya frente a la provincia de Buenos Aires, cuyos habitantes no se oponen.

Fray Bentos (Uruguay) es una ciudad de 23.000 habitantes que tuvo un brillante pasado industrial con eje en la industria de la carne, tiene un conocido balneario turístico (Las Cañas) sobre el Río Uruguay, siete kilómetros aguas abajo, y es la capital del Departamento de Río Negro, donde se han concentrado las plantaciones de eucaliptos.

Gualeguaychú (Argentina) es una ciudad de aproximadamente 76.000 habitantes ubicada a 8 km del Río Uruguay y a 30 km de Fray Bentos (43 por ruta), que se ha desarrollado rápidamente como un destino turístico, con un carnaval anual que se ha vuelto muy importante y una estrategia definida para promover el turismo con eje en el turismo ecológico. Cercano a la ciudad se encuentra el balneario Ñandubaysal, ubicado sobre el Río Uruguay frente a Fray Bentos.

Asimismo, en ese lugar se ha construido el Puente Internacional Libertador San Martín, de gran importancia turística y comercial para ambos países. La zona a su vez es un importante centro de pesca.

La planta de ENCE proyecta producir 500.000 toneladas y la de Botnia, 1.000.000 de toneladas de celulosa al año. Esta última será una de las plantas de celulosa más grandes del mundo y constituye la mayor inversión de carácter industrial en la historia del Uruguay y también la mayor inversión del sector privado industrial de Finlandia en el exterior. Los proyectos tienen una inversión total por 1860 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial podría financiar hasta 400 millones. En las obras trabajan unos 2000 trabajadores en la construcción, 2500 en actividades metalúrgicas y, una vez instaladas, habrán generado unos 300 puestos de trabajo directos.

Demanda de la Argentina: Argentina, utilizando un mecanismo previsto en el Estatuto del Río Uruguay y como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que Uruguay, recurrió a la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo de 2006 para que se dictamine sobre la presunta violación del Estatuto.

Argumentos de Argentina:Los principales argumentos de la demanda presentada por la Argentina son que, a pesar del trabajo conjunto en la CARU, estaba pendiente una cantidad de información que nunca fue provista, que no existen estudios sobre el lugar de localización de las plantas o sitios alternativos, que los informes realizados por las empresas son insuficientes y que, para determinar la sustentabilidad ambiental de las plantas, debiera realizarse un estudio independiente de las partes en conflicto.
La demanda incluye la solicitud de una medida cautelar previa de suspensión de la construcción de las plantas basada en que son una amenaza actual de daños irreparables sociales y económicos.

Argumentos de Uruguay: Los principales argumentos de la defensa de Uruguay son que respetó no sólo el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, sino, además, la totalidad del Derecho Internacional y los principios generales del derecho. A su vez Uruguay sostuvo que la Argentina desconoció normas del Derecho Internacional al permitir los cortes de ruta realizados por pobladores de las ciudades argentinas cercanas a las plantas de celulosa. Uruguay sostiene que existieron constantes conversaciones e intercambios de información entre Argentina y Uruguay sobre este asunto, de las cuales dan cuenta incluso documentos del gobierno de Buenos Aires, que convalidaron lo actuado con Uruguay, mencionando, entre otros documentos, el mensaje a la Nación del gobierno argentino enviado al Parlamento en el año 2004 en el que se hace expresa referencia al tema. En el mismo Argentina alude a responsabilidades y atribuciones de la CARU y se dice, en la página 127, que las diferencias o los temas vinculados con la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos "han quedado resueltos entre ambos países". A su vez esto refleja lo que en su momento la CARU reconoció en un acta y que, además, se recogió en un encuentro entre los entonces cancilleres, Rafael Bielsa, de Argentina, y Didier Opertti, de Uruguay. Finalmente Uruguay sostuvo que las plantas de celulosa utilizarán la mejor tecnología disponible de acuerdo con los estándares europeos que entrarán en vigencia en el año 2007. Para fundamentar sus argumentos Uruguay citó los estudios de impacto ambiental realizados por las empresas Botnia y ENCE, el Estado uruguayo, y las tres evaluaciones encargadas por la CFI (Grupo Banco Mundial).

En abril de 2006 Uruguay planteó, en el ámbito del Mercosur, un reclamo contra la Argentina para que se establezca si la Argentina incumplió el compromiso asumido en el Tratado de Asunción, creador del Mercosur, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países, y se establezca cuales son las medidas futuras que debiera adoptar frente a nuevos cortes.

Para resolver la controversia se siguió el sistema de solución de controversias del Mercosur que establece la formación de un Tribunal Ad Hoc, formado especialmente para resolver el caso, que se integró con el juez español Luis Martí Mingarro, el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio. Este tribunal comenzó el proceso correspondiente el 25 de junio de 2006.

El Tribunal no se pronunció sobre la cuestión de eventuales indemnizaciones porque Uruguay no lo reclamó. Eventualmente ello debería ser realizado por quienes hayan sufrido perjuicios directos.

Argentina decidió no apelar el laudo ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y, por lo tanto, constituye la decisión final referida a los bloqueos de ruta realizados desde fines de 2005 hasta principios de 2006.

Luego de la correspondiente autorización del Gobierno de Uruguay, el día 8 de noviembre de 2007 comenzó sus actividades la planta de Botnia en Fray Bentos.

A partir de ese momento se realizan sistemáticos controles ambientales por parte de Uruguay y de Argentina. Los controles uruguayos, supervisados por organismos canadienses, no muestran ningún signo de contaminación superior a la prevista, siendo en muchos items sustancialmente menor a la prevista. Argentina no ha divulgado hasta la fecha los resultados de ninguno de sus controles. Sin embargo un estudio efectuado por la Universidad de Buenos Aires filtrado a la prensa reveló que la calidad del aire en el entorno de la planta no se había alterado por el funcionamiento de la planta de Botnia.

En siete meses posteriores a su puesta en marcha Botnia produjo más de 600.000 toneladas de pulpa; a un año de su inauguración el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, afirmó que de acuerdo a estudios realizados "no se ha detectado contaminación en el Río Uruguay".